En la junta de accionistas de Amazon, celebrada el 24 de mayo, quedó claro que los inversores están presionando a la empresa en cuestiones de ASG, incluidos los derechos sindicales.

Por ejemplo, el Fondo de Pensiones Cometa, el mayor de Italia con unos 470.000 afiliados y 13.000 millones de dólares de activos gestionados, se opuso a la reelección de Jeff Bezos, consejero delegado de Amazon. La decisión se debió al pésimo historial de la empresa en materia de derechos de los trabajadores y discriminación racial y de género. 

El fondo italiano ejerció su derecho de voto en casi dos docenas de puntos adicionales del orden del día, incluidos los destinados a salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, los derechos civiles, los derechos laborales, la igualdad salarial y la sostenibilidad medioambiental.  

En las últimas semanas, otros inversores influyentes, como Norges Bank Investment Management y un grupo de 12 fondos de pensiones daneses, han apoyado públicamente la propuesta 16, una resolución de los accionistas que pide una evaluación por terceros del compromiso de Amazon con la libertad de asociación. Además, Schroders anunció que votaría a favor de la propuesta 21, que pide un informe sobre las condiciones laborales. 

Los trabajadores de Amazon presentaron estas resoluciones a los accionistas presentes y al consejo de administración.

"Estamos viendo que los inversores quieren transparencia y rendición de cuentas cuando se trata de condiciones de trabajo, y elogiamos a los fondos que votaron a favor de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores de Amazon", dijo Christy Hoffman, Secretaria General de UNI Global Union. "Esta rendición de cuentas es imposible sin la negociación colectiva y los sindicatos. Por eso es tan importante que todas las partes interesadas exijan a los ejecutivos de empresas como Amazon que respeten la libertad sindical." 

El año pasado, UNI se unió al Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC) de la Agrupación Global Unions en la publicación de Shared Prosperity, un informe que esboza por qué y cómo deberían reaccionar los inversores en los casos en que las empresas infringen los derechos de los trabajadores a afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente. 

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