Una agenda para las mujeres trabajadoras: limpiar la contratación pública

Las mujeres son las más afectadas por el incumplimiento de las normas de contratación pública. En lugar de alimentar la precariedad y los bajos salarios, el dinero público debe garantizar que las mujeres trabajadoras tengan una fuerte voz colectiva. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, UNI Europa subraya la importancia de arreglar las normas de contratación pública para reducir la brecha salarial de género.

La mayoría de los limpiadores, cuidadores y trabajadores de centros de llamadas son mujeres. También son empleos en los que la externalización es especialmente frecuente. Los gobiernos y las instituciones públicas pagan a empresas privadas por estos servicios.

El problema está en cómo estos gobiernos e instituciones públicas seleccionan qué empresas reciben contratos públicos. Como reveló la investigación de UNI Europa , la mitad de las decisiones de adjudicación en la UE solo tienen en cuenta una cosa: el precio.

Esto incentiva a las empresas licitadoras a recortar gastos a toda costa. Los salarios y las condiciones de los trabajadores son el primer objetivo. La negociación colectiva es el principal vehículo para que los trabajadores reclamen salarios más altos y para que se escuche su voz. Por ello, con las actuales normas de contratación pública, las empresas tienen una ventaja competitiva para eludir la negociación colectiva con el fin de rebajar los salarios y reducir los costes.

Esencialmente infravalorado

La pandemia ha puesto de manifiesto cómo se infravalora el trabajo realizado por estas mismas trabajadoras. Está claro para todos que nuestras sociedades dejan de funcionar sin ellas. La precariedad y los bajos salarios a los que se enfrentan están en total contradicción con el papel objetivamente esencial que desempeñan.

Las normas que priorizan el precio por encima de los derechos de negociación colectiva de las trabajadoras se alinean con una larga historia de devaluación del trabajo de las mujeres. Un gran paso adelante sería permitir que sólo reciban contratos públicos las empresas que tengan convenios colectivos con sus trabajadores.

Impulso para un cambio duradero

Los sindicatos han pedido a la UE que lo haga. Recientemente, más de 100 diputados del Parlamento Europeo de cinco grupos políticos diferentes respaldaron sus demandas.

"No se trata de pedir a alguna persona en la cima que revalúe el trabajo que hacen las mujeres desde arriba. Se trata de garantizar que las normas no permitan, y mucho menos incentiven, que las empresas roben a las mujeres trabajadoras su capacidad de mejorar sus propias condiciones", dijo Pilar Rato Rodríguez, vicepresidenta de UNI Europa.

Es hora de garantizar que el dinero público siempre se destine a la obtención de trabajo decente. Para ello, las empresas que excluyen a las mujeres trabajadoras del derecho a opinar colectivamente en el trabajo deben ser excluidas ellas mismas de recibir contratos públicos.

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