187 extrabajadores de Prosegur Paraguay han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Los demandantes piden que se reparen los daños ocasionados por el Estado paraguayo, que no fue capaz de velar y ejercer su autoridad ante una empresa multinacional para que se cumplan los derechos consagrados en la Constitución Nacional de ese país.
Los denunciantes alegan que los órganos administrativos y judiciales dieron por hecho que no hubo despidos sino un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, cuando en realidad se probó holgadamente que Prosegur simuló un acto jurídico disfrazado de un acuerdo al hacerles firmar, bajo amenazas y extorsiones, un documento que, además, no contó con la debida presencia de los representantes sindicales y legales de los trabajadores afectados por la medida.
Según el testimonio de los representantes sindicales el objetivo de Prosegur fue liquidar al sindicato y, consiguientemente, todo proceso de negociación colectiva. Se violaron derechos constitucionales, derechos del código del trabajo y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por ese gobierno. “Durante 8 largos años los trabajadores hemos quedado en una situación de orfandad jurídica frente a la impunidad con la que actuó la empresa, arropada por un Estado ausente e indiferente”. Los trabajadores despedidos agotaron todos los procedimientos de demanda interna, recurriendo ahora a un órgano de carácter supranacional. Para ellos “el Estado paraguayo no intervino, no ejerció mediación, no hizo respetar los derechos laborales, la empresa botó a sus trabajadores a su entero antojo” (en Anexo, denuncia presentada)
Antecedentes: Prosegur: conducta antisindical y violación a derechos humanos y laborales
El 30 de julio se cumplen ocho años de un día nefasto para el sindicalismo paraguayo, ese día la empresa Prosegur procedió al despido masivo de 327 trabajadores, y con ello, a la disolución del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Prosegur en ese país SITEPROPASA.
“Este despido encubierto visibilizó un Estado ausente que en vez de tutelar el derecho de los más desprotegidos obró en favor de una multinacional que dejó a cientos de trabajadores y sus familias en la calle”, expresó Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas; esto se hizo “en el marco del gobierno de facto de Federico Franco que acababa de propinar un golpe de Estado contra Fernando Lugo”.
Desde la creación del sindicato en 2011, Prosegur despidió a trabajadores que habían conformado la organización sindical y no respondió a las demandas que exigían reconocimiento de peligrosidad por transporte de valores, seguridad y salud en el trabajo y una convención colectiva.
En 2012, por la falta de respuesta de la empresa a la situación de sus trabajadores, que continuaban realizando sus necesidades fisiológicas en los camiones y hacían sus labores con altas temperaturas, vehículos en mal estado y sin aire acondicionado, el sindicato decidió ir a huelga. Ante esta medida de lucha, la empresa decidió “retomar” las negociaciones y el día en que los trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo fueron encerrados sin sus representantes ni sus asesores legales para obligarlos a firmar un acuerdo de terminación de trabajo con la amenaza de una declaratoria de “ilegalidad de huelga”. Posteriormente la empresa desistió y retiró dicha declaratoria, conformándose en un instrumento de coacción. – Cronología de los hechos aquí
Marvin Largaespada, director regional de UNI Américas Servicio a la Propiedad, manifestó su compromiso con SITEPROPASA y con los trabajadores de Prosegur de toda la región: “Han pasado 8 años, pero no nos olvidamos de lo ocurrido con nuestros compañeros en Paraguay. Seguimos denunciando estas políticas y violaciones de los derechos humanos en este país y en todos los países donde ocurren irregularidades con los trabajadores de Prosegur”.
Prosegur tiene presencia en más de 26 países en todo el mundo y ha facturado 160 millones de euros en 2019, pero esto en muchos casos no se traduce en mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La multinacional española de seguridad privada ha sido denunciada en varias oportunidades ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OIT, por casos en Colombia, Perú, Paraguay y Brasil.
