Por reposición judicial, el Sindicato Prosegur en Perú (SPP) logró el reintegro de cuatro trabajadores despedidos por la empresa hace dos años, que habían parado su actividad laboral por falta de soluciones a los problemas laborales, sanciones desproporcionadas para sus afiliados, además de que el gerente general de Prosegur en esa época, García Proaño, no quería escucharlos, rechazando su solicitud del diálogo.
El sindicato, que representa a los trabajadores de la multinacional española de seguridad privada en todo el país, consiguió estas victorias, pero continúa trabajando para poder restituir al resto trabajadores que se encuentran en reposición por medida cautelar provisional. A todos ellos, la empresa le dio licencia con goce de haberes (salario) sin permitir que hagan sus labores presenciales (una medida usual para no aceptar derrotas judiciales).
Altamirano, que labora hace 31 años en Prosegur, agregó: “Estamos muy contentos por estas victorias. Gracias a la buena gestión de nuestro asesor legal en tema laboral tenemos trabajadores que ya ganaron su juicio definitivo y vuelven a trabajar con estabilidad laboral, ya que nuestros compañeros pasan a ser trabajadores estables. Esperamos que el tiempo nos de la razón con los compañeros que aún faltan reintegrar”.
A pesar del reintegro, los compañeros Noe Gamarra López, Cristian Yampol Trucios Chuquispuma, Guido Ventura Munive y Waalter Reynato Cotarma Soto no han podido regresar a sus puestos de trabajo ya que sus licencias de porte de armas vencieron. La empresa envió en el mes de julio cartas notariales dónde mencionan que están con licencia sin goce por tres meses, julio, agosto y septiembre por qué no cuentan con Licencia de Armas. Ernesto Altamirano, Secretario General del SPP, expresó: “Las licencias se vencieron antes de la pandemia y es la empresa la que tiene la responsabilidad de gestionar dicha documentación, pero ellos no lo hicieron en su debido momento. Sabemos que la mayoría de las licencias caducaron en el mes de noviembre, diciembre y enero, y los trámites se realizan con uno o dos meses antes de su caducidad, pero la empresa no realizó ninguna gestión porque no era necesario. Este hecho viola los derechos fundamentales de los trabajadores porque atenta contra la buena fe que debe practicar la empresa con sus trabajadores”.
Una vez más, la Justicia le da la razón a los sindicatos, aunque se podría haber evitado si la empresa hubiera estado abierta al diálogo con lxs trabajadorxs. Desde UNI Américas celebramos esta noticia y continuaremos apoyando la labor del SPP en defensa de los derechos laborales de los trabajadores en Prosegur.
