UNI Américas y sus afiliadas en Costa Rica solicitaron a la Comisión del Gobierno y Administración a que se suspenda el proyecto de ley Marco de Empleo Público, que se pretende dictaminar en las próximas horas por dicha Comisión.
Costa Rica vive una crisis política, social y económica. La crisis ya existente se agravó con la pandemia y, en consecuencia, el gobierno puso en marcha un conjunto de acciones enmarcadas dentro de la Estrategia Económica de Crecimiento, Empleo y Bienestar. Sin embargo, dada la duración de la pandemia, la incertidumbre y la contracción económica, las autoridades del Consejo Económico del Gobierno, han considerado necesaria la suscripción de un Servicio Ampliado con el FMI, el cual permitirá acceder a fondos por $1.750 millones, en condiciones que considere el Fondo, y que además implican un conjunto de compromisos de política pública.
En ese sentido, la Alianza Latinoamericana en Defensa de las Bancas Públicas de UNI Américas manifestó su respaldo y solidaridad a los sindicatos financieros de Costa Rica en la lucha contra la privatización de empresas estatales. Asimismo, la Alianza convocó a un estado de alerta, movilización internacional y soldiaridad, y realizó una declaración en donde acompañan “todas las acciones orientadas a desarrollar e implementar estrategias sindicales frente a acciones de vaciamiento de la banca pública” (lea la declaración debajo).
“Advertimos que en Costa Rica se están instalando políticas de privatización, es por ello que estamos apoyando a los sindicatos del sector financiero en defensa de las empresas públicas”, expresó Guillermo Maffeo, director regional de UNI Américas Finanzas. “La argumentación que tiene el Gobierno es que permitirá encauzar nuevamente la economía hacia un crecimiento potencial, así como las finanzas públicas y una ruta de consolidación fiscal, pero realmente este proyecto de ley hace competir a los bancos y a las aseguradoras públicas en condiciones aún más desfavorables de las que ya de por sí vienen compitiendo”.
Los sindicatos también advirtieron que el acuerdo esconde intereses políticos, ya que el país requiere para salir de la crisis aproximadamente 12 mil millones de dólares, y el paliativo que se solicitan al FMI es para culminar el periodo presidencial en el 2022. Esto provocaría mayores endeudamientos con organismos internacionales y precarizando aquellos compromisos estructurales, económicos y sociales a los que el país sería sometido.
“Sabemos que esto no solo está ocurriendo en Costa Rica. Hay una nueva ola neoliberal que intenta vender el patrimonio de todxs”, expresó Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas. “Enviamos nuestra solidaridad a todxs lxs trabajadorxs de Costa Rica, en especial a nuestrxs compañerxs del sector bancario en lucha, que es la de nosotrxs también. Desde UNI seguiremos denunciando esta situación a nivel internacional”, concluyó.
UNI Américas envió una carta al presidente de la la Comisión Gobierno y Administración para que suspenda el tratamiento del referido proyecto de ley y se abra una mesa de diálogo con los sindicatos involucrados para encontrar la mejor solución para Costa Rica y su pueblo.
