Colombia se juega hoy un partido importante: la defensa de la negociación del Pliego de Emergencia, la paz, la vida, la democracia, pero también la capacidad del gobierno de demostrar respeto real a la movilización civil, contrario a lo que viene ocurriendo en las últimas manifestaciones populares. La brutalidad policial y militar contra la población civil y dirigentes sindicales, los allanamientos a organizaciones sociales y sedes sindicales, los asesinatos de líderes sociales y las masacres, suman 74 fallecidos a la fecha.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, se asesinaron 1052 líderes y defensores desde la firma del acuerdo de paz, 642 líderes sociales desde el 7 de agosto de 2018, y 252 personas solo en el 2020. En este contexto se enmarca el Paro Nacional del día de hoy con varias demandas para el presidente Iván Duque, como una reforma estructural de la policía nacional y contra el Decreto 1174 y el proyecto de Ley 010 que implica una regresión en materia laboral y precatiza los derechos de lxs trabajadorxs.
Luego de la muerte de ciudadano Javier Ordoñez en Bogotá, en la que se encontraron comprometidos efectivos de la policía por la atroz golpiza con reiteradas descargas eléctricas de una pistola taser, quedó evidenciada una vez más la brutalidad policial, los abusos y excesos cometidos contra quienes protestan legítimamente y dentro de la civilidad. Este hecho se sumó al acumulado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública y desató una ola de indignación y de descontento generalizado manifestado en marchas, protestas y movilizaciones, ante lo cual el gobierno exhibió su reiterada actitud de negar los espacios de interlocución como alternativa a las demandas de movimientos sociales y, en su lugar, instituir el autoritarismo mediante la militarización parcial de ciudades y el uso de las fuerzas militares y de policía para reprimir la manifestación pacífica, incluso con armas letales.
El gobierno de Iván Duque incumplió con el proceso de Paz y los acuerdos pactados, aumentando la militarización y la represión campesina, y plasmando y ausencia de política social, que se acentúa bajo el silencio cómplice de un gobierno que niega la protección y garantías a defensores y líderes sociales, oculta los verdaderos móviles y orígenes de los asesinatos selectivos y sistemáticos y emplea la autoridad militar para refrenar, incluso a las autoridades civiles legítimamente electas por voto popular como ocurrió en Bogotá.
La movilización de hoy es pacífica. Las afiliadas de UNI Américas se suman a esta jornada de lucha en defensa de los derechos humanos y por una agenda social que transforme la miseria y hambre que hay en el país.
Debajo la declaración.
