En el día de ayer, la Red Sindical Brasilera UNISaúde, que representa a más de un millón de trabajadorxs de la salud, presentó ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya una queja contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por cometer crímenenes de lesa humanidad y genocidio por la falta de respuesta del Gobierno durante la crisis sanitaria del Covid-19. La queja, que fue respaldada por UNI Global Union, PSI, las centrales brasileñas CUT, UGT y NCST, junto con otras organizaciones sociales, acusa al mandatario por “ser criminalmente negligente en su gestión de la pandemia y arriesgar la vida de los profesionales de la salud y de los miembros de la sociedad brasileña”.
La queja, preparada por abogados de miembros de UNISaúde, se basa en el Estatuto de Roma, que en 1998 estableció cuatro crímenes internacionales centrales: genocidio, crímenes contra la humanidad, guerra crímenes y el crimen de agresión. El caso describe cómo Bolsonaro cometió crímenes contra la humanidad cuando se negó a tomar las medidas necesarias para proteger a la población durante la pandemia, al no cumplir con las protecciones garantizadas por la Constitución Federal. Asimismo, establece que el presidente, que dio positivo al virus, también continúa perpetuando los riesgos del Covid-19, promoviendo la reunión de sus seguidores, acercándose a ellos sin máscara y anunciando tratamientos médicos altamente cuestionables, como hidroxicloroquina.
Por todas estas razones, Ana Paula Gonçalves Maia, técnica de enfermería y delegada sindical del Sindicato de Empleados en Establecimientos de Servicios de Salud en BH y Región (Sindeess), espera que la queja en el tribunal internacional preste más atención a lxs trabajadorxs de la salud: “estamos en el campo de guerra donde no sabemos si vamos a vivir o morir”, expresó.
“La administración de Bolsonaro debe rendir cuentas por su insensible respuesta a la pandemia y por negarse a proteger a lxs trabajadorxs de la salud y lxs brasileñxs que ha jurado defender “, dijo Marcio Monzane, Secretario Regional de UNI Américas. “Presentar un caso con el TPI es una medida drástica, pero lxs brasileñxs enfrentan una situación extremadamente grave y una situación peligrosa creada por las decisiones deliberadas de Bolsonaro”, concluyó.
Desde el comienzo de la pandemia, la falta de medidas ha empeorado sustancialmente la situación, aumentando la diseminación del virus entre lxs trabajadorxs y la población. “Al principio, el propio presidente dijo que (Covid-19) era un resfriado, y luego, cuando Brasil ya tuvo miles de muertes, dijo, ‘¿y qué?’ Su postura terminó haciendo el proceso de cuidar y proteger a lxs trabajadorxs de salud y la población inviable. Solo con la queja internacional podremos demostrar que las entidades de salud están unidas a favor de la clase trabajadora, porque hoy, en enfermería, lideramos el ranking de muertes de salud profesionales ”, dijo Libia Belussci, enfermera y vicepresidenta de Sindenf-RJ, quien ya ha contraido el virus.
La falta de equipos de protección personal, de pruebas periódicas a todxs lxs trabajadorxs y para toda la población, licencia pagada para trabajadorxs en riesgo y trabajadorxs sospechosos de estar infectados, son parte de las demandas que lxs trabajadorxs han exigido al gobierno y a las clínicas privadas durante meses, pero que no se han proporcionado por las decisiones de la administración Bolsonaro. “Si él hubiera proporcionado la asistencia antes, como medida del gobierno federal, la enfermedad no se hubiera extendido tanto. Hoy, lxs trabajadorxs de la salud han estado trabajando enfermxs y muy preocupados por lo que pueda ocurrir mañana”, indicó Sofia Rodrigues do Nascimento, presidenta de Sinsaúde Campinas e Região. De hecho, el Covid-19 fue declarado enfermedad laboral por decisión del Tribunal Supremo y no por el gobierno nacional. Junto con esto, Brasil estuvo sin ministro de salud por más de dos meses, una de las carteras más importantes para dar respuesta a una las mayores crisis sanitarias que le ha tocado vivir al país y al mundo.
“Es muy difícil asumir nuestro deber. Nos encontramos con colegas y sentimos un gran peso energía, mucha presión, un bloqueo. No hay más conversación, interacción, trabajamos con miedo al otro. Es muy triste trabajar 12 horas sin seguridad, apoyo emocional. Para esto razón, creo que denunciar es una forma de expresar nuestras aflicciones y nuestro lado humano, como estamos sufriendo mucho con todo esto”, dijo Jhuliana Rodrigues, técnica en enfermería y vicepresidenta del Sinsaúde Campinas, quien, además hace cuatro meses que no ve a su hija de 11 años para no ponerla en riesgo de contagio.
“La diferencia entre esta y otras quejas contra el gobierno de Bolsonaro es que está dirigida por los sindicatos de profesionales de la salud”, dice Jocelio Drummond, secretario regional de la ISP para América Latina. “Según una encuesta realizada por nuestros afiliados, el 60% de los profesionales de la salud no tengan EPP (equipo de protección personal) o capacitación adecuada para enfrentar la pandemia, es inaceptable. Esto nos ha llevado a estar entre los tres países con más muertes de trabajadorxs en el mundo”.
La crisis ha dejado en evidencia la necesidad de contar con personal adecuado y su capacitación en todas las instalaciones, además de un sistema de respuesta de emergencia a la crisis coordinado y financiado a nivel nacional, como demandan los sindicatos. Sin embargo, la situación en Brasil continúa siendo alarmante: los números oficiales marcan que ya son casi 85,000 personas fallecidas a causa del Covid-19, pero seguramente los números reales sean más altos. Particularmente en la salud, al menos 500 trabajadoxs han perdido su vida.
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