UNI pide que se incluyan las finanzas en la directiva europea sobre diligencia debida y advierte a los legisladores que no se dejen influir por el feo cabildeo de la industria

Nyon y Bruselas - UNI Global Union y UNI Europa, que representan conjuntamente a 3 millones de trabajadores de las finanzas de todo el mundo, la mitad de los cuales se encuentran en Europa, han escrito a los principales legisladores de la UE solicitando la inclusión plena y efectiva del sector financiero en la próxima Directiva europea sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD).

En una carta enviada el 19 de octubre, la Secretaria General de UNI, Christy Hoffman, y el Secretario Regional de UNI Europa , Oliver Roethig, afirman que "La directiva tiene el potencial de tener un impacto que cambiará las reglas del juego tanto dentro de Europa como a nivel mundial al exigir a las empresas europeas que respeten los derechos de los trabajadores en sus operaciones y cadenas de valor en todo el mundo " .

Sin embargo, excluir al sector financiero de la directiva -como pretenden la Comisión Europea y varios Estados miembros, entre ellos Francia- "debilitaría los objetivos de la directiva de promover los derechos humanos y la justicia medioambiental, no cumpliría las normas internacionales y, en última instancia, obstaculizaría el prestigio de las propias finanzas".

Advierten de que "elfeo cabildeo de la industria alegando que los derechos humanos no se aplican a las finanzas", si tiene éxito, "dejará una mancha en la industria que aún necesita desesperadamente reconstruir la confianza y demostrar cómo está sirviendo a la sociedad".

En la carta, los líderes sindicales rebaten punto por punto las afirmaciones de los grupos de presión y ofrecen un sólido respaldo a la inclusión de las finanzas en la directiva, que exigirá a las empresas del sector que operan en Europa que identifiquen, mitiguen y actúen frente a los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro. La carta argumenta que:

• Las normas internacionales, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, ya prevén y abordan las necesidades de una diligencia debida en materia de derechos humanos eficaz pero manejable en el ámbito financiero. Mientras que las empresas financieras argumentan que su alcance en toda la economía hace que llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos sea una obligación poco razonable, estas normas limitan las responsabilidades a las áreas priorizadas como de mayor riesgo. Según este principio, no hay necesidad de limitar el ámbito de aplicación de la directiva mediante la exención general del sector financiero.
• Los grupos de presión del sector financiero argumentan que sus relaciones de inversión difieren de las que existen entre una empresa y un proveedor y que, por tanto, el sector debería quedar excluido de la directiva. Sin embargo, la OCDE ha reconocido clara y exhaustivamente esta distinción y exige a los inversores que utilicen su influencia "para influir en las empresas en las que invierten a fin de evitar o mitigar los impactos adversos. Sin embargo, los inversores no son responsables de abordar esos impactos adversos por sí mismos". Además, la OCDE reconoce los diferentes tipos de relaciones de inversión y no presupone que todas estén "directamente vinculadas" con el inversor.
• El sector financiero alega que ya están excesivamente regulados y que su inclusión añadiría una carga sin aportar valor. Sin embargo, actualmente no existe ninguna normativa de la UE que obligue a las entidades financieras a aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos, lo que socava la labor de la UE en materia de diligencia debida en todos los ámbitos.
• Una diligencia debida eficaz en materia de derechos humanos no hará que el sector financiero sea menos competitivo -como afirman los grupos de presión-, sino que servirá como medio para identificar riesgos materiales que podrían debilitar los resultados financieros.

Además, UNI y UNI Europa reiteran que la directiva debe exigir firme y directamente la participación significativa de los sindicatos y otras partes interesadas en todo el proceso de diligencia debida.

Piden a los gobiernos de la UE que adapten la directiva a la posición del Parlamento Europeo de junio de 2023, que cumplirá los objetivos de la directiva y será factible de aplicar.

La carta se ha enviado a miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

Más información: El papel de las finanzas en la Directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial

FIN

UNI Europa, el Sindicato Europeo de Trabajadores de Servicios, que es el interlocutor social del sector financiero en Europa, forma parte de UNI Global Union, que representa a 20 millones de trabajadores de servicios de todo el mundo en 150 países.

www.uniglobalunion.org