El pasado 30 de julio se cumplieron nueve años desde el despido masivo de 327 trabajadorxs de Prosegur Paraguay que trajo como consecuencia la disolución del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Prosegur en ese país SITEPROPASA.
En 2020, 187 de estxs trabajadorxs despedidxs presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con sede en Costa Rica, solicitando que se reparen los daños ocasionados por el Estado paraguayo, que no fue capaz de velar ni ejercer su autoridad ante una empresa multinacional para que se cumplieran los derechos constitucionales, los derechos del código del Trabajo y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscritos por ese gobierno.
En 2012 el sindicato decidió ir a huelga debido a sus precarias condiciones laborales, que implicaban realizar sus necesidades fisiológicas en los camiones, trabajar con vehículos en mal estado y sin aire acondicionado en un país que alcanza varias temperaturas, entre otras. La empresa decidió “retomar” las negociaciones y el día en que lxs trabajadorxs volvieron a sus puestos de trabajo fueron encerrados sin sus representantes ni sus asesores legales para obligarlos a firmar un acuerdo de terminación de trabajo con la amenaza de una declaratoria de “ilegalidad de huelga”. Así 327 trabajadorxs y sus familias terminaron injustamente en la calle.
Los despidos se dieron en el marco del gobierno de facto de Federico Franco que acababa de propinar un golpe de Estado contra Fernando Lugo., donde el Estado paraguayo no tuteló el derecho de los trabajadores que protestaron legítimamente al derecho a huelga, negociación colectiva, a un trato justo y salarios dignos. “Hacemos un llamado a mantenerse firmes y unidos ante esta demanda contra el Estado paraguayo que no protegió los derechos de lxs trabajadorxs”, expresó Marvin Largaespada, director regional de UNI Américas Servicio a la Propiedad. “Estamos solidarixs con ustedes y expresamos todo nuestro apoyo desde UNI Sindicato Global para que finalmente se haga justicia en Prosegur”.
Hoy, los denunciantes continúan exigiendo justicia fuera de Paraguay, ya que agotaron todos los procedimientos de demanda interna, ya que el Estado paraguayo no intervino en ningún momento para exigir a la empresa a que respete sus derechos laborales.
