Apenas asumido su cargo como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro comenzó a tomar medidas que ya están teniendo un gran impacto en la sociedad, configurando una coyuntura de crisis preocupante para el país.
A la reforma laboral implementada por el gobierno de Temer en 2018 que tuvo como consecuencia una mayor precarización de las condiciones laborales, eliminación de derechos y que generó más desempleo, se suman las medidas de este nuevo gobierno que prometen más aumento de la informalidad, favorecer a grandes productores sobre pequeños y más polarización social.
Desde el 1º de enero se redujo el salario mínimo además de los recursos para las políticas de igualdad y justicia social. Se desregularizaron tierras indígenas, que ahora pasan a estar cargo del Ministerio de Agricultura, descartando la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). De esta forma, los pueblos autóctonos de Brasil y sus tierras quedan en total vulnerabilidad, algo que en el pasado significó la explotación, genocidio y desaparición de varias comunidades indígenas en el país.
Nuevamente lxs trabajadorxs son blanco del gobierno. Se eliminó el Ministerio de Trabajo, se busca imponer una jornada de 10 horas y aumentar la flexibilización de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además del ataque permanente a los partidos progresistas, particularmente al Partido de los Trabajadores (PT). Asimismo, la Justicia se muestra parcial una vez más, aplicando una segunda condena al ex presidente Lula, en las misma condiciones de la primera, en un proceso que carece de sustentación jurídica ni pruebas documentales, reforzando la idea de persecución a los partidos progresistas. En este camino hacia políticas cada vez más conservadoras, el gobierno tiene la intención de que sea la Policía Federal el organismo gubernamental que regule y conceda la existencia de sindicatos, decisión que entra en contradicción con la propia libertad sindical.
Su afán por el militarismo y una mirada “nostálgica” hacia la dictadura militar (1964-1985) conforman un escenario de extrema militarización de la seguridad interior con la proposición de una sociedad “más armada”. Su alineamiento con las políticas de Donald Trump, sus críticas al Mercosur y la reciente salida de Brasil del pacto migratorio han generado controversia en su Consejo de Gobierno.
UNI Américas expresa su solidaridad con nuestras compañeras y compañeros brasileños que continúan luchando contra los recortes de derechos y a favor de los más vulnerados. Estaremos en cada manifestación, en cada marcha, reivindicando junto a ustedes todo lo conquistado por el movimiento sindical.
