José Julián Parra Mesa, auxiliar de central de esterilización en la Clínica Imbanaco y dirigente sindical de la subdirectiva Valle del Cauca del Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, SINTRASASS, fue amenazado de muerte el pasado 23 de julio mientras se dirigía a su trabajo. Al cruzar la calle, un hombre en una moto de color oscuro y con el rostro encubierto se dirigió a él por su nombre y le dijo “le doy un consejo de vida, deje de molestar con ese sindicato”. 

Ya es la segunda amenaza de muerte en Fresenius/Quirónsalud. En el mes de febrero Claudia Irene López Hernández, presidenta del sindicato SINTRACLÍNICA, el Sindicato de Trabajadores de la Clínica Medellín, recibió una amenaza de muerte mediante una llamada anónima a su teléfono personal, en el marco del conflicto laboral entre la Clínica Medellín, que pertenece a Quirónsalud/Fresenius y el sindicato.

En ambas oportunidades se instó a la empresa Fresenius/Quierónsalud para que brinde todo el apoyo a sus trabajadorxs, y se emita un comunicado público en repudio a esta menaza de muerte, ya que para el caso de Claudia López se solicitó una clara posición de rechazo de la empresa, pero no hubo comunicado público. “Es inaceptable que otro trabajador de Fresenius haya sido amenazado solo por formar parte del sindicato”, indicó Alke Boessiger, Secretaria General Adjunta de UNI Global Union. 

“Creemos firmemente necesario que la empresa se exprese públicamente y colabore en todo lo posible para proteger la integridad física del compañero Julián y conocer quiénes son los responsables”, expresó.

UNI Américas también envió una carta al presidente Iván Duque, demandando al gobierno que se exijan todas las garantías de protección, asegurando la vida del compañero Julián y la de su familia, y que desde la Fiscalía se adopte el protocolo de protección junto con las investigaciones pertinentes, entendiendo que el alto riesgo que implica esta amenaza directa y agresiva. “No podemos permitir seguir normalizando la violencia en Colombia. Ya son más de 1100 víctimas sociales y sindicales asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz”, destacó Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas.

“El gobierno y la Fiscalía General de la Nación tienen todas las herramientas para proteger a quienes son amenazados, pero también cuentan con los instrumentos para que los responsables sean llevados a la justicia”, concluyó.

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UNI Americas