Por tercera vez, los directivos sindicales de Sintrabrinks, Subdirectiva Bogotá, Romer Enrique Díaz López, Rigoberto Vega, Javier Vega, Ronis Atencia y José Claros, fueron amenazados de muerte. Mediante un mensaje anónimo por celular, con fecha 18 de enero de 2021, se les “advierte” que son “objetivo militar” y se los acusa de “guerrilleros”.
En octubre de 2019, y el 29 de abril de 2020, estos trabajadores recibieron intimidaciones por parte del mismo grupo paramilitar, llamado “Águilas negras”, pero en la investigación previa de las autoridades, cuando ocurrieron las otras amenazas, midió el riesgo como “bajo” o “inexistente”.
UNI Américas envió una carta tanto a la Fiscalía de la Nación como al presidente de Colombia, Iván Duque, exigiendo que se tomen todas las medidas pertinentes de forma urgente, se adopte el protocolo de protección de las personas amenazadas, asegurando su vida y la de sus familias, y se condene toda amenaza y violación a los derechos humanos.
Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, expresó: “Es lamentable que por tercera vez recibamos esta noticia y que nuestros compañeros de SINTRABRINKS y sus familias tengan que atravesar nuevamente esta terrible situación. El gobierno debería tener como máxima prioridad poner fin al terror en Colombia”.
“Desde UNI seguiremos demandando justicia, denunciando toda violación a los derechos humanos y sindicales, y exigiendo que se apliquen los mecanismos de protección para la salvaguarda de nuestros compañeros y sus familias, que es deber del gobierno proveerles”.
Asimismo, solicitó a Brinks Colombia que repudie por escrito estos hechos, por tratarse de trabajadores de la empresa y que colabore en todo lo que esté a su alcance.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz se asesinaron a 1100 víctimas sociales y sindicales, incluyendo el asesinato de once líderes y firmantes de dichos acuerdos en lo que va de este año. Marvin Largaespada, director regional de UNI Américas Servicios a la Propiedad, agregó: “Proteger la vida de nuestros compañeros es prioridad, no queremos tener que lamentar ninguna situación. Exigimos a la Fiscalía y al gobierno colombiano, que es el encargado de preservar la vida de sus ciudadanos, una respuesta inmediata
