El nuevo mundo del trabajo está sufriendo una serie de transformaciones producto de las nuevas relaciones laborales, la proliferación de plataformas digitales, contratos “horas cero”, aumento de la informalidad, de la flexibilización y la precarización laboral, entre otros factores, que presentan desafíos para las trabajadoras y trabajadores y para el movimiento sindical. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras han quedado en una zona gris, sin contar con protecciones sociales ni derechos laborales.
En ese marco, desde el sindicato FAECYS, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en conjunto de las organizaciones sindicales, se están impulsando distintos proyectos de ley relativos al nuevo mundo del trabajo, tomando en cuenta esta nueva realidad. Daniel Lovera, delegado de FAECYS, presentó al Senado y a la Cámara de Diputados cuatro proyectos que abordan la regularización de las y los trabajadores de Plataformas Digitales, la protección de datos personales de las y los trabajadores, el derecho a desconexión, protección contra el odio y el perjuicio sexual, y, por último, la ratificación del convenio de la OIT 190/19 sobre la eliminación de violencia y acoso laboral. “Estos temas han sido parte de los debates globales por algún tiempo, y cobran mucho más importancia en estos tiempos de crisis laboral. Hemos observado una reacción muy positiva de la sociedad civil con respecto a temas de protección laboral, sobre todo en tiempos de pandemia”, expresó el compañero Lovera.
“Creemos en la importancia de rescribir el rol de los estados y encontrar un equilibrio en las nuevas formas de trabajo establecidas, con ayuda de normas que protejan a las y los trabajadores; en este sentido hemos venido contando con el apoyo del gobierno, pero vamos a requerir de la fuerza y la solidaridad de las organizaciones sindicales, ellas son un factor fundamental en la nueva discusión laboral a nivel mundial”, indicó.
Ruben Cortina, presidente mundial de UNI y secretario de relaciones internacionales de FAECYS, subrayó: “Vivimos en una nueva realidad que nos presenta un panorama negativo y cuyas consecuencias son letales, entonces, surge la necesidad de una mayor regulación del Estado y una fuerte presencia y acción sindical”.
“Las organizaciones sindicales deben trabajar en conjunto con el Estado para que a través de regulaciones y la negociación colectiva se pueda evitar la flexibilización laboral; estos van a ser ejes básicos de la discusión global. Como UNI tenemos la obligacion de ser parte del debate político del futuro del trabajo, el rol de los estados y la globalizacion”, concluyó.
Proyecto de Ley S-2500/19 que regula a los trabajadores de las Plataformas Digitales
Muchos gigantes de las plataformas digitales han decidido desligar su responsabilidad como empleadores, insistiendo en que quienes trabajan en esas plataformas son “emprendedores”, dejando a esta fuerza laboral sin ninguna prestación social, ni seguro en caso de accidentes laborales. Generalmente, estxs trabajadorxs cuentan con contratos de “horas cero”, en donde se les exige disponibilidad absoluta y reciben pagos muy por debajo del salario mínimo.
Este proyecto tiene cometido que los trabajadores y trabajadoras que desempeñan como repartidores de cualquier clase de bien susceptible de ser transportado por personas de a pie, en motocicleta, ciclomotor, bicicleta, automóvil y/u otros vehículos de tracción humana; y personas físicas o jurídicas que administren u operen plataformas web o de aplicación de celulares para gestionar la entrega mediante repartidores, se consideren incluidos dentro de las normativas de la Ley de Contrato de Trabajo: “No podemos permitir, que este salto tecnológico, vulnere derechos fundamentales de los trabajadores. Es por ello que, pese a que las empresas insistan en calificar a los trabajadores como ‘independientes’, ‘emprendedores’ o ‘colaboradores’, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional ha expuesto con suma claridad que estos tipos de contrato conforman una relación laboral”.
Proyecto de Ley S-723/20 sobre el derecho a desconexión de los trabajadores
El uso de la tecnología en los puestos de trabajo ha permitido una mayor flexibilidad laboral pero también ha generado un desequilibrio entre el trabajo y la vida privada. Con este proyecto de ley, con un especial énfasis para lxs trabajadorxs de las Pequeñas y Medianas Empresas, que son quienes no poseen acuerdos sobre horas laboradas los sábados después de las 13 horas y los domingos, se pretende “privelegiar el descanso semanal en días sábados y domingos, respetando los hábitos de la vida familiar”.
Con el Decreto de Desregulación Económica “se obliga [a lxs trabajadorxs] a trabajar los sábados después de las 13 horas y los domingos si así lo dispone el empleador y no establece en contraposición un pago por esos días excepcionales de labor, dejando un vacío legal, subjetivo a los ojos de la conveniencia parcial o a lo que pueda especificar cada convenio colectivo”. Con este proyecto de ley se pretende “que el descanso semanal debe ser gozado entre las 13 horas del día sábado y las 24 horas del día domingo, aunque el trabajo prestado en dicho horario, como casos de excepcionalidad, se deba remunerarse con el 100% de recargo, con clara independencia de que sea gozado o no el franco compensatorio”.
El derecho a la desconexión es el nuevo frente para luchar por la jornada laboral de ocho horas y UNI ya ha garantizado el derecho a la desconexión en los acuerdos globales con Telefónica y Orange. En mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció por primera vez el “agotamiento” en su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, y varias encuestas nacionales sobre salud revelan que los casos de agotamiento van en aumento. Países como Francia y España ya han legislado sobre el derecho de desconexión.
Proyecto de Ley S-722/20 sobre protección de datos personales de los trabajadores
Proteger la privacidad de los datos individuales y nacionales para garantizar el consentimiento, la compensación y la responsabilidad de la extracción de nuestra información por parte de las empresas, se ha vuelto una de las demandas del movimiento sindical internacional y de otras organizaciones sociales. Los datos generados por los usuarios en distintas plataformas web se han convertido en el “nuevo petróleo”, generando ganancias millonarias para quienes recolectan esa información.
Este proyecto de ley fundamenta pone de manifiesto la necesidad de regular y establecer disposiciones y procedimientos de carácter obligatorio para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito laboral para “salvaguardar la dignidad de lxs trabajadorxs en el proceso, proteger su vida privada y garantizar el derecho fundamental a disponer de sus datos personales, con la pertinente información acerca de su recopilación y tratamiento, junto al debido consentimiento sobre quiénes pueden utilizarlos, con qué finalidad y en qué circunstancias”.
Proyecto de Ley 2621/19 para que Argentina ratifique el convenio de la OIT 190/19 sobre eliminación de violencia y acoso laboral
El Convenio 190, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en junio de 2019, es la primera norma mundial que tiene por objeto eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Habiendo transcurrido un tiempo considerable y teniendo en cuenta la importancia del tema que se aborda y los tiempos legislativos, FAECYS presentó esta iniciativa para lograr la ratificación lo antes posible, teniendo en cuenta que: “el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género” y “reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”.
UNI ya está incluyendo aspectos del Convenio en sus acuerdos globales con empresas multinacionales y también está instando a los sindicatos a utilizar el C190 como herramienta para apoyar la negociación de políticas rigurosas contra la violencia de género en sus propios convenios colectivos.
FAECYS también presentó otros proyectos relativos a licencias especiales y sobre la protección contra el odio y el perjuicio sexual.
