Debate sobre contratación pública en el Parlamento Europeo: "¡No financiemos el dumping social!"

El lunes 15 de enero de 2024, los diputados del Parlamento Europeo (PE) debatirán una pregunta oral sobre "ll papel de los criterios de adjudicación social en la contratación pública en el fortalecimiento de los derechos sociales, las buenas condiciones de trabajo y los mercados laborales inclusivos Comisión" durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

Con demasiada frecuencia, el dinero público alimenta una carrera social a la baja. Con demasiada frecuencia, los contratos públicos se adjudican únicamente en función del precio más bajo. Y con demasiada frecuencia, a costa de los trabajadores.

El debate del Parlamento Europeo marcará el último paso de la campaña deUNI Europa para sacar a la luz los problemas de la Directiva sobre contratación pública de la UE. Por citar sólo algunos:

• ¿La decencia, una medida discriminatoria? Un reciente informe del Parlamento Europeo informe subraya la inseguridad jurídica sobre si los criterios sociales y la negociación colectiva pueden considerarse medidas discriminatorias en un contrato público. ¿Se atrevería una autoridad pública a establecer normas elevadas y ambiciosas para un concurso público si teme que puedan demandarla por ello? Probablemente no. En el debate plenario se preguntará a la Comisión si se plantea revisar la Directiva sobre contratación pública para eliminar esta incertidumbre.
• ¿Son opcionales los derechos laborales internacionales fundamentales? Cabría esperar que las violaciones de los derechos laborales en los contratos públicos fueran inaceptables. Sin embargo, en realidad no es obligatorio poner fin a una licitación después de que después de que se hayan producido violaciones laborales. Peor aún, el respeto de los convenios de la OIT no puede utilizarse como criterio obligatorio de exclusión antes de seleccionar al contratista. En el debate plenario se preguntará a la Comisión si va a tomar medidas para garantizar que un mal contratista pueda ser excluido de futuras licitaciones cuando en el pasado no se hayan respetado los convenios fundamentales de la OIT.
• ¿Quién es responsable? Las interminables cadenas de subcontratistas que se extienden por todo el mundo hacen que las infracciones sean difíciles de detectar y la responsabilidad fácil de ignorar. La directiva actual no da una respuesta suficiente a este problema. En el debate plenario se preguntará a la Comisión si va a promover la responsabilidad solidaria y/o limitar las cadenas de subcontratación.

Múltiples instituciones han criticado las deficiencias de la directiva sobre contratación pública: 

• El sitio Comisión Europea es muy consciente de que su enfoque voluntario de la contratación pública social no es suficiente. En cuanto a la contratación pública ecológica, ha declarado abiertamente que "en comparación con un enfoque voluntario, los criterios u objetivos obligatorios garantizarán que se maximice el efecto multiplicador del gasto público para impulsar la demanda de productos de mejor rendimiento".
• A 2023 El informe del Tribunal de Cuentas Europeo constató que la promoción de la contratación estratégica para fomentar una mayor consideración de los aspectos medioambientales, sociales o innovadores ha tenido un impacto limitado, y la proporción de procedimientos que utilizan criterios de adjudicación distintos del precio es muy limitada a pesar de la reforma de la contratación pública de 2014. El informe concluye que la reforma de 2014 de la Directiva sobre contratación pública no ha tenido efectos demostrables;
• El sitio estudio del comité EMPL sobre el impacto social de la contratación pública a partir de septiembre de 2023 puso de relieve las limitaciones que establece la directiva para seguir el convenio colectivo. Por ello recomienda "revisar y aclarar la cláusula social obligatoria, estableciendo explícitamente que los convenios colectivos nunca pueden considerarse una medida discriminatoria en los contratos públicos.";
• En una audiencia pública del Parlamento Europeo en octubre de 2023, organizada por la comisión EMPL sobre contratación pública social, varios expertos y eurodiputados pidieron la revisión de la Directiva de contratación pública para acabar con la inseguridad jurídica del uso de convenios colectivos en los criterios de contratación pública (artículo de síntesis, programa, transmisión en línea);
• En una audiencia pública del Parlamento Europeo celebrada en diciembre de 2021 y organizada por la comisión IMCO sobre contratación pública sostenible, varios expertos y eurodiputados denunciaron las deficiencias de la Directiva sobre contratación pública, afirmaron que el enfoque voluntario para alcanzar una contratación sostenible social y ecológica no es suficiente y que es necesaria una revisión de la directiva (artículo de síntesis, programa, streaming online);
• La patronal y los sindicatos de los sectores con fuerte intensidad de mano de obra han publicado declaraciones conjuntas en las que piden a la Comisión Europea que adapte las normas de contratación pública para garantizar que los contratos públicos sólo se adjudiquen a empresas que sean parte o estén adheridas a los convenios colectivos nacionales (limpieza, seguridad y restauración);

La revisión de la Directiva sobre contratación pública debería haberse realizado hace tiempo. El informe de revisión que podría proponer un acto jurídico para revisar la Directiva de contratación pública estaba previsto para 2019. Se pospuso hasta 2021. En 2021, la Comisión Europea volvió a aplazar el proceso hasta 2024, alegando que los expertos tardarán tres años en preparar el informe de revisión de la Directiva sobre contratación pública.

Ahora, una amplia coalición de instituciones, sindicatos, empresarios, expertos y parlamentarios pide a la Comisión Europea que reforme la Directiva. Apoya la campaña para reformar la contratación pública y dile a la Comisión Europea "¡No financies el dumping social!" en X.